Hablar de discapacidad se pone de
moda cuando se acerca la Teletón, y es que cómo no conmoverse con las historias de pequeños que sufren más
que cualquier otro de la injusticia de las determinantes sociales, las cuales
les impiden desarrollarse en plenitud en nuestra sociedad. Dudar del aporte que
ha significado la Teletón para ellos y sus familias sería ridículo, sin
embargo, ¿no debiese ser el Estado quien garantice su rehabilitación?; ¿Y qué
pasa el resto del tiempo con estos niños, cuando deben ir al colegio y no
tienen cómo llegar?; ¿cuándo necesitan ocupar servicios públicos y éstos no
están habilitados para ellos?; ¿o cuándo crecen y ya no existe Teletón?
La Fundación Nacional de
Discapacitados define Discapacidad como: “un concepto genérico, que se
relaciona con una determinada condición física, sensorial, mental, intelectual,
psiquiátrica o multidéficit, que limita actividades y restringe la
participación, determinando por lo general, una relación negativa entre quienes
presentan una o más deficiencias y los factores contextuales que nos rodean”. Las
cifras del último Censo muestran que en Chile hay más de 2 millones de personas
con discapacidad y según datos del ENDISC del 2004: el 94% de los jóvenes y
adultos mayores de 24 años, nunca ha recibido atención de salud y
rehabilitación en virtud de su discapacidad; el 56% de las personas es indigente,
usuaria de la salud pública; el 81% vive
con Pensión Básica Solidaria de Invalidez, esto es $ 82.000 mensuales, mientras
que el 19% no califica para obtener Pensión Básica Solidaria ni tiene trabajo; además,
un 42% no ha terminado la educación básica y de las personas en edad de
trabajar mayores de 15 años, el 75% se encuentra sin empleo. Ante estas cifras
¿qué ha hecho el Estado?
Chile en 1994 otorgó la primera
legislación que beneficia a las personas con discapacidad, la Ley 19.284, la
cual fue reemplazada en el año 2010, por la Ley 20.422 que establece Normas
sobre la Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad. Esto
evidencia que existe un marco legal que permite trabajar en mejorar las
condiciones de vida de las personas discapacitadas pero a pesar de esto, sigue
existiendo una brecha gigante que sortear en lo que respecta a salud,
educación, trabajo y transporte.
En lo que respecta a la
rehabilitación, el Estado descansa en la Teletón, fundación que se hace cargo
de la problemática pero de forma parcial, pues sólo atiende al 85% de los
menores de 20 años con discapacidad motora, quedando la población adulta y con
discapacidades de otro tipo sin protección. Punto aparte son las 27 horas de
amor que permiten hacer una limpieza de imagen de las empresas, las cuales
aportan aprovechando el beneficio tributario que les permite disminuir sus
pérdidas por concepto de donaciones, aumentando así sus ventas gracias a la
conmoción de las personas que ven en la televisión una realidad que como muchos
otros problemas, preferirían ignorar. Es necesario por tanto, que la sociedad
desarrolle mayor conciencia respecto a esta problemática y entienda que es el
ambiente el que discapacita a la persona, y que por tanto es éste el que debe
mejorar para ser inclusivo, pues son los ciudadanos quienes deben emplazar al
gobierno para que tome cartas en el asunto.
En la Universidad de Chile, la
integración en infraestructura y currículums es aún muy baja, excusándose en
que no hay demanda de los servicios que brindan por parte de las personas con
capacidades diferentes, pero ¿No debiese habilitarse el espacio antes de
esperar que las personas quieran usarlo? En lo que respecta a nuestra realidad
local, como OPPS criticamos que la discapacidad no sea un tema que se trate en
nuestra formación, a excepción de carreras como Kinesiología o Terapia Ocupacional,
emplazamos a nuestros compañeros a levantar discusiones en torno a esto en las
aulas y prácticas.
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